Cultivos de amapola

En 1989 se registraron las primeras incautaciones de derivados de la amapola. Lo que inicialmente se percibió como una sustitución de cultivos de coca, posteriormente se confirmó como una diversificación de los cultivos ilícitos. Para el período 1992 - 1994, el incremento de área cultivada fue notorio y se reportaron 20.000 hectáreas, principalmente, en los departamentos de Cauca, Huila, Santander y Tolima. El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos disminuyó el área sembrada; durante los años 1999 y 2000 el promedio fue de 6.350 hectáreas. A octubre de 2001 se estimó el área sembrada de amapola en 4.273 hectáreas, con un potencial de producción de 43 toneladas de pasta de opio y 4.3 toneladas de heroína, se calculan dos cosechas al año8. Los cultivos de amapola se ubican en los departamentos de Huila, Cauca, Nariño, Tolima y Cesar.

Los cultivos de amapola se vienen reduciendo en Colombia según datos de la Policía Nacional que realiza sobrevuelos de reconocimiento (UNODC no efectúa monitoreo a los cultivos de amapola). De 7.500 hectáreas cultivadas en 1993 se redujeron a 356 hectáreas en 2009.


Daños ambientales de los cultivos ilícitos

En total se estima que la destrucción de bosques tropicales en Colombia para la producción de cocaína es de 240000 hts y de bosques andinos por la siembra de amapola para la producción de heroína, de 70000 a 100000 hts.

Según el documento de la auditoría Ambiental para la Erradicación de los Cultivos Ilícitos de Agosto de 1993, la caracterización de los efectos ambientales de estos cultivos comienza por la destrucción de tierras vírgenes cuyo impacto es la deforestación causada por la tala y quema de bosques primarios con el consecuente agotamiento de las fuentes de agua y afectamiento de la biodiversidad. Otra fuente de gran impacto es la aplicación de plaguicidas, abonos y correctivos que los sembradores usan indiscriminadamente modificando las condiciones fisicoquímicas del suelo, deteriorando la calidad de los cuerpos de agua y generando efectos negativos en la calidad de la vida humana así como la disminución y pauperización de las actividades agrícolas tradicionales.

La política del estado colombiano y del gobierno norteamericano para combatir las drogas y los cultivos ha consistido en la erradicación de cultivos mediante fumigaciones a gran escala, la interdicción (destrucción de laboratorios y pistas) y la persecución a narcotraficantes. Existe el Programa de Desarrollo Alternativo PLANTE implementado durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, cuyo objetivo ha sido la construcción de planes de vida distintos a aquellos que el narcotráfico ofrece a los campesinos. Este programa, aunque se ha desarrollado sin los resultados esperados, ha tenido mejores efectos desde lo ambiental y lo social. Las dificultades del mismo han radicado sin embargo, en la ausencia de una efectiva comercialización de los cultivos lícitos sustitutivos que pudiesen garantizar la sostenibilidad económica de las familias campesinas y también en el hecho de sólo abarcar pequeños cultivadores .Con respecto a lo ambiental, el problema está en el estímulo a prácticas agrícolas de monocultivo y ganaderas en suelos frágiles como los del Amazonas. Esto ha contribuido igualmente a la pérdida de la biodiversidad. Por otra parte, de acuerdo a la Ing. Agrónoma Elsa Nivia Gil Directora de RAPALMIRA, en pueblos tales como Albania, Departamento del Caquetá, y en el Macizo Colombiano en el Departamento del Cauca, los programas de cultivos económica y ecológicamente viables han sido un fracaso por las aspersiones con glifosato. Estas medidas, afirma la agrónoma, "desestimulan la inversión en alternativas sostenibles y contribuyen a los procesos de violencia".


Plan Colombia

Plan Colombia es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos.

El principal objetivo del gobierno estadounidense es prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, como también ayudar a Colombia a promover la paz, el desarrollo económico que a la vez contribuye a la seguridad en la región de andina. El principal objetivo de Colombia es promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Ambos han evolucionado de lo estrictamente antinarcótico de la guerra contra las drogas a incluir aspectos de la guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias utilizan el negocio de la droga para financiar la guerra.

RELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS TEMÁTICAS Y EL DEVENIR HISTÓRICO DEL PAÍS

Colombia es un país que se encuentra ubicado según las estadísticas entre los cinco país más violentos, por encontrarse sumergido en un conflicto armado donde interviene el gobierno, grupos al margen de la ley, ejército, policía , narcotráfico y otras organizaciones delincuenciales, que solo le acarrean problemas al pueblo quien es el que lleva la peor parte, por ejemplo en las zonas rurales por amenazas, atentados, hostigamientos entre diferentes bandos hacen que comunidades residentes en estos lugares se desplacen a la zona urbana dejando todo tirado con el fin de proteger sus vidas y la de sus seres queridos, pero al llegar a una ciudad tan grande , donde no encuentran la ayuda del gobierno , sino de personas que los discriminan por su condición, ahí empieza otra problemática el desempleo, la delincuencia, indigencia y muchas otras actividades que generan un desequilibrio social, económico, cultural

En este sentido, son muchas las problemáticas que hoy en día agobian a nuestro Pais como son la corrupción, la impunidad y la violencia, son condicionantes de la totalidad del sistema, ademñas existen otros problemas que generan un alto impacto en el sistema potenciándolo o desactivándolo, algunos de ellos son: la falta de gobernabilidad, que en los últimos años se evidencia en las amenazas, los secuestros, actos terroristas, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos selectivos a partir del posicionamiento de los grupos armados al margen de la ley, en diferentes zonas del País, quienes han venido sometiendo a las comunidades imponiéndoles leyes y normas de convivencia.
También la extrema pobreza en las que se encuentran la mayoría de las comunidades Colombianas. De igual manera hace referencia al manejo de la tierra en el país donde grandes terratenientes siguen siendo dueños de grandes extensiones de tierras que han dedicado a la ganadería extensiva, monocultivos ilícitos entre otros, lo que ha generado el éxodo de miles de campesinos, que tienen que dejarlo todo para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

El conflicto colombiano tiene una tendencia a degradarse y a polarizarse, y esto se ve reforzado con las políticas sociales, económicas, de seguridad entre otras, que está implantando el nuevo gobierno; además de que suscita el interés nacional, y ha generado una grave crisis en cuanto a la violación de Derechos Humanos en el país.

La multiplicidad de violencias existentes hace que se puedan encontrar en los mismos escenarios las guerrillas, las organizaciones paramilitares, el crimen organizado y la violencia social difusa; multiplicidad de violencias que se encuentran sobredeterminadas a su vez por la expansión de la economía y organizaciones del narcotráfico en su dimensión regional y nacional.

Este conflicto ha tenido un costo humano y social definitivo en las posibilidades de desarrollo del país, evidenciandode una situación de inseguridad generalizada y con un tejido social cada vez mas debilitado, es impensable implementar con éxito una política de desarrollo desde los movimientos sociales; ya que sin Paz no es posible generar las condiciones necesarias que permitan la existencia de una sociedad ordenada y capaz de garantizar a la población las condiciones necesarias para una vida digna. Pero no es posible la construcción de una verdadera paz si no se tiene éxito en la implementación de unas efectivas políticas de desarrollo.

Problema agrario

PROBLEMA AGRARIO

Las reivindicaciones del movimiento campesino constituyen parte sustancial de nuestro programa revolucionario. Ya hemos dicho que Colombia tiene un problema agrario que debe resolver. ¿Cómo se expresa? Antes que nada en la estructura de la tenencia de la tierra y en las formas atrasadas de producción. Al lado de las grandes haciendas que abarcan la mayor cantidad de las mejores tierras, abunda el terreno.
Tanto una como otra forma de propiedad materializan frenos a la producción agropecuaria. Los campesinos carecen de tierra para laborar y los terratenientes explotan sus grandes fincas recurriendo a la mano de obra campesina, mediante las más variadas manifestaciones de servidumbre, a menudo ocultas bajo transacciones en dinero, arrendamientos, contratos diversos, pero de todos modos de servidumbre. La tierra que se utiliza de manera moderna, capitalista avanzada, es una mínima porción..., y su aporte al producto nacional también es insignificante. Así que el campo colombiano demanda una transformación radical de esta situación, temporalmente aplazada, o mejor, entorpecida por las fuerzas políticas gobernantes, la cual puede ser otra distinta a la de la eliminación del régimen de explotación terrateniente, a través de la confiscación de las grandes propiedades y su reparto entre los campesinos que la trabajen. Siendo Colombia un país eminentemente agrícola y atrasado, semejante transformación significaría un tremendo salto hacia adelante en su desarrollo histórico y económico. Se liberarían las fuerzas productivas en el campo y las masas campesinas estarían en condiciones de aportar decisivamente al progreso del país, a la tarea de echar las bases de una economía autosuficiente y próspera, lo que sólo se logrará con su concurso.
Existe otra atadura y otro lío que no son secundarios, como lo hemos denunciado multitud de veces: la dominación y explotación del imperialismo norteamericano. Por medio del control del comercio interno y externo del país, de las inversiones, de los préstamos, del saqueo de materias primas básicas, de la venta subsidiada por el Estado colombiano de excedentes agrícolas traídos de los Estados Unidos, etc., el imperialismo arruina la economía colombiana. Es más, el gobierno estadinense se preocupa por la cuestión agraria de sus neo colonias y en reuniones internacionales a nivel oficial, como la de Punta del Este en 1961, que instauró la llamada Alianza para el Progreso, ha prospectado las pautas de una política agraria que los mandatarios colombianos siguen al pie de la letra.
La reforma agraria propuesta por el imperialismo tiende hacia dos objetivos centrales: a facilitar la penetración del capital extranjero y la venta de productos de la industria norteamericana y a afianzar las caducas relaciones de producción en el campo. Desde la expedición de la Ley 135 de 1961, que dio creación al Incora y puso en funcionamiento las tan trilladas reformas del agro colombiano, auspiciadas por el Frente Nacional, han transcurrido quince años. Un tiempo prudencial para juzgar los frutos de cualquier política. Se puede concluir a ciencia cierta que en tal lapso no ha disminuido en un ápice el poder terrateniente, mientras la situación de los campesinos es cada vez más inclemente y ruinosa.
La nación ha sido endeudada en varios cientos de millones de dólares por concepto de la reforma agraria, ya que ésta se adelanta a punta de préstamos despachados en su casi totalidad por la agencias financieras norteamericanas. La adquisición de tierras a cargo del Estado configura un jugoso negocio de compraventa en beneficio de los grandes señores. A las escasísimas familias campesinas, a las que el Incora adjudica pequeñas parcelas con fines de propaganda, no se les permite disponer libremente de éstas.
Los planes de adecuación de tierras y de distritos de riego terminan favoreciendo a la clase terrateniente, así como los programas de irrigación de créditos que con frecuencia la banca oficial o semioficial confecciona para el fomento de las actividades agropecuarias. En síntesis, mientras subsiste el sistema de explotación típicamente terrateniente y los campesinos continúen sometidos a las más diferentes formas de servidumbre, las inversiones y mejoras de cualquier especie que la minoría dominante proyecte para las zonas rurales desembocarán inexorablemente en las arcas caudales de los dueños de los grandes fondos.
Con su política de impedir a todo trance el desarrollo económico de Colombia, el imperialismo norteamericano acude a preservar en lo sustancial intacto el poder terrateniente. Se fantasea con el crédito, la colonización, la venta de insumos, la adecuación de fincas, el riego, las comunicaciones y hasta con obras sociales y de caridad. Todo menos modificar las relaciones de propiedad en el campo. A los campesinos se les promete hasta el cielo pero se les niega la tierra. Uno de los últimos inventos, por ejemplo, el de las empresas comunitarias, incubado por el imperialismo y puesto en práctica por sus testaferros en Colombia, procura, con el señuelo de la colectivización, instalar la mayor cantidad de familias campesinas en la menor extensión de tierra posible.
Con tal de proteger el territorio se ha hecho un extraordinario despliegue en pro de la socialización de la producción agraria, de las ventajas de la propiedad colectiva y de la vida comunal, de la necesidad de educar al campesino en el espíritu asociativo. Y de estas tesis con que se promueven las empresas comunitarias, se han declarado fervorosos partidarios López Michelsen, Álvaro Gómez y demás personeros de los partidos tradicionales, las agremiaciones patronales, los dirigentes de UTC y CTC y el alto clero. Eso sí es el diablo metido a predicador. Con tal de privar a los campesinos del derecho a la tenencia de la tierra, hoy ociosa o deficientemente utilizada en manos de los grandes terratenientes, la más oscura reacción de Colombia inculca al campesinado un socialismo a deshoras.
Pero lo que impulsa la lucha de clases en el campo colombiano es la demanda de los campesinos por la tierra, por el derecho a aprovecharla, poseerla y disponer de ella libremente. Tras esa exigencia se han lanzado a invadir las fincas de sus amos, a organizar sus fuerzas independientemente del tutelaje de sus tradicionales enemigos y a requerir el apoyo del resto de las fuerzas revolucionarias. Las aspiraciones de los campesinos concuerdan con la tendencia histórica del desarrollo de las fuerzas productivas colombianas y la victoria de sus luchas repercutirá en un gran salto hacia adelante en el proceso del país.
El proletariado consciente apoya incondicionalmente las luchas de las masas campesinas y se desvela por consolidar cada día la estrecha alianza obrero-campesina, base del frente único antiimperialista. Las apoya en el entendimiento de que son luchas de carácter democrático y no socialista. Parlotear de socialismo a un campesinado aprisionado aún en los vestigios de la servidumbre, sin plantearse ni haberse resuelto el problema de demoler hasta los cimientos el régimen de explotación terrateniente, es un imperdonable desconocimiento del asunto, cuando no un vulgar engaño. Para las fuerzas revolucionarias y en particular para el marxismo-leninismo, la revolución agraria campesina encierra una importancia decisiva, ya que el filo de ésta se dirige no sólo contra la clase terrateniente, sino necesaria y primordialmente contra el imperialismo que la sustenta.
Como es común en los países semicoloniales, en Colombia no se ha realizado una reforma agraria que le distribuya la tierra a los campesinos. Por el contrario, lo que se ha producido es el despojo permanente por parte de los terratenientes y las transnacionales, desterrando al campesinado a la frontera agrícola, obligándolo a colonizar nuevos territorios que amplían esa frontera, para luego volver a despojarlo, en un círculo vicioso que no termina, o para desplazarlo a las ciudades a vivir en la miseria. Pero además, la disputa por la tierra se ha desarrollado con métodos de guerra civil, y esa es una de las causas de la existencia de la guerrilla como expresión de la lucha del campesinado, y de las organizaciones paramilitares como instrumento para el despojo. Lo que se ha realizado es una contrarrevolución para expropiarle la tierra al campesinado pobre.
A partir de 1985 se desarrolló una nueva ofensiva contra el movimiento obrero, campesino e indígena, y contra las organizaciones políticas de izquierda, que ha producido decenas de miles de asesinatos de dirigentes y activistas, masacres, desapariciones. Dos décadas más tarde, entre 2007 y 2009, hubo 38.255 desaparecidos según la Fiscalía, masivas operaciones de desalojo y millones de desplazados.
En su discurso de posesión Juan Manuel Santos reconoció que uno de los problemas económicos y sociales más graves del país es la propiedad y uso de la tierra. Prometió medidas y leyes que supuestamente solucionarán el problema agrario. De manera demagógica anunció que haría de cada campesino colombiano “un próspero Juan Valdez”. Las dificultades que ha tenido en el proceso de elaboración del proyecto de la Ley de Tierras y las contradicciones con la Ley de Víctimas, son una prueba de la gravedad del problema. El objetivo de Santos es legalizar el despojo y sanear los títulos de propiedad para garantizar, tanto a la gran burguesía nacional, como a las transnacionales mineras, energéticas y promotoras del negocio de agrocombustibles, la llamada “estabilidad jurídica” de sus inversiones. Es una tarea en la que va a chocar inevitablemente con los poderes regionales, los narcotraficantes, los paramilitares e, incluso, los que “honestamente” compraron tierras aprovechándose del terror sembrado por los señores de la guerra. Esta realidad amerita que el movimiento obrero construya su propia propuesta programática para enfrentar el problema.

linea del tiempo de los paramilitares

El paramilitarismo es hoy en día un fenómeno de enorme gravedad en Colombia. Su avance, sus cotidianas barbaridades -masacres, asesinatos, desaparaciones forzadas, torturas, hostigamientos, amenazas y masivos desplazamientos forzados- hacen necesarias una denuncia internacional de este fenómeno.

El paramilitarismo cuenta hoy en día con el apoyo de diversos grupos y círculos económicos, políticos y militar muy influyentes, hasta de algunos sectores sociales de la clase media, quienes impulsan la destrucción y liquidación violenta de movimientos alternativos tanto políticos como sociales. El paramilitarismo es una estructura militar que pretende legitimar políticamente abominable estrategia criminal.

Estos círculos de poder han emprendido un proceso paralelo, proponiendo una llamada "solución pragmática" donde se prevé y se persigue la participación de los paramilitares en las negociaciones de Paz. El Estado mismo ha pretendido presentar al paramilitarismo como un "tercer actor independiente" gracias a los medios masivos de comunicación., ocultando sus responsabilidades por acción y omisión en el desarrollo de este fenómeno.

Existe una fuerte presión sobre los Estados, las instituciones internacionales y las ONGs internacionales, para que acepten los paramilitares como "tercer actor" y por ende su participación en un proceso de paz.

Algunos sectores, instituciones internacionales, analistas políticos y expertos en mediación de conflictos se inclinan a aceptar el paramilitarismo como un "tercer actor independiente", aduciendo razones humanitarias y que esto supuestamente ayudaría a una distensión de la situación y frenar la barbarie paramilitar.

Muchas veces se mezclan dos conceptos diferentes: el concepto de "Regulación y Humanización del conflicto interno", que apunta a humanizar la guerra y a comprometer a las partes contendientes dentro del conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario, de obligatorio cumplimiento para cualquier actor armado, sin que esto signifique un reconocimiento político, y el concepto de "Negociaciones de Paz", espacio y proceso para negociar y concertar reformas estructurales, políticas, económicas, entre enfrentados conceptos de Estado.

Todo esto nos lleva con urgencia a plantear muy breve, pero coherentemente nuestra posición frente al paramilitarismo en Colombia.

HISTORIA DE COLOMBIA

AÑO HECHOS O ACONTECIMIENTOS
1948 El 9 de abril es asesinado Jorge Eliécer Gaitán, el líder más popular de la historia colombiana, quien, tras haber derrotado a la corriente moderada de Gabriel Turbay, era considerado como seguro nuevo presidente de la república. La violencia entre liberales y conservadores se extiende por todo el país, causando más de doscientos mil muertos en los cinco años siguientes.
1951 Colombia es el único país que envía un contingente militar a Corea, consolidando con ello las relaciones con Estados Unidos.
1953 En el intento de detener la violencia que desde hace tiempo va asumiendo características de lucha de clases, liberales y conservadores allanan el camino al golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla. Con la promesa de pacificar el país, Rojas propone una amnistía a los grupos guerrilleros, exceptuando los comunistas.
Gran parte de los jefes rebeldes que aceptan deponer las armas serán posteriormente eliminados
1957 Los partidos tradicionales fuerzan la dimisión de Rojas, uniéndose en lo que llaman Frente Nacional, un acuerdo de reparto de poder para los 16 años siguientes.
1962 La doctrina estadounidense de la guerra de baja intensidad, tendiente sobre todo a frenar el contagio de la revolución cubana en América Latina, se convierte en el dogma de las fuerzas armadas colombianas.
1964 El ejército lanza en mayo, bajo supervisión norteamericana, una ofensiva tan masiva como estéril contra un reducidísimo grupo de rebeldes, conducidos por un joven propietario de tierras, Manuel Marulanda, apodado Tirofijo, que serán el origen de las FARC.
1968 En el intento de involucrar a la población en la lucha contra la subversión, el gobierno pone en marcha la ley 48, que prevé la creación de patrullas civiles y que representa el pilar del paramilitarismo.
1969 Diversos grupos guerrilleros comienzan a actuar en nuevas regiones del país, sacudido por fuertes protestas sociales.
1970 Un fraude colosal en las elecciones presidenciales del 19 de abril priva de la victoria al ex-general Rojas Pinilla, que se ha situado en posiciones populistas, adjudicándola a Misael Pastrana, candidato del Frente Nacional.
1974 Pese al vencimiento del pacto del Frente Nacional, liberales y conservadores continúan colaborando en la gestión conjunta del poder.
1978 Es elegido presidente Julio César Turbay quien, con el objetivo de truncar la subversión, firma una serie de leyes represivas, recogidas en el Estatuto de Seguridad, que son puestas en marcha inmediatamente después del clamoroso robo del arsenal del ejército en el Cantón Norte.
1981 Se forma el primer grupo de justicia privada, MAS, por el que los narcos asumen un papel en la vida política colombiana. Pablo Escobar comienza su escalada al parlamento dentro de una corriente del Partido Liberal.
1982 Victoria del conservador Belisario Betancur, quien en su intento pacificador, pide a la Procuraduría General que indague sobre el MAS, para luego rechazar sus conclusiones bajo la presión de los potentados económicos y de los militares.
1984 Es muerto el ministro de justicia Lara Bonilla. El embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, lanza la teoría de la narcoguerrilla. Los diferentes grupos rebeldes aceptan la tregua propuesta por Betancur. Las FARC dan vida al partido Unión Patriótica (UP).
1985 Con el propósito de denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz, un comando del M-19 asalta el 6 de noviembre el Palacio de Justicia, liberado violentamente un día después por el ejército. Comienza la masacre de la UP.
1986 Es elegido presidente el tecnócrata liberal Virgilio Barco. Todos los propósitos reformistas quedan sobre el papel, mientras se extiende la guerra sucia.

1987 Las organizaciones rebeldes amplían su radio de acción y se reúnen en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El gobierno admite la existencia de más de cien grupos de paramilitares.

1989 Empujadas por Estados Unidos, las autoridades colombianas empiezan la guerra contra la mafia de la droga, que se convierte en protagonista de muchos atentados. En agosto es asesinado el candidato presidencial del Partido Liberal, Carlos Galán, y en diciembre el jefe de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha.

1990 Tras la muerte de los dos candidatos de la izquierda, –de la UP y del M-19 recientemente desmovilizado–, es elegido presidente César Gaviria. El mismo día en que es elegida la Asamblea Constituyente, el ejército ataca sin éxito el campamento de las FARC.

1991 Se reaviva la guerra entre la Coordinadora y el ejército que, asesorado por la CIA, estrecha sus relaciones con los grupos de justicia privada y los paramilitares que han abandonado el jefe de Medellín. Escobar se entrega el 19 de junio.

1992 La clamorosa fuga de Escobar de la cárcel consolida la relación entre todos sus enemigos, desde los servicios secretos estadounidenses hasta los paras, y desde los mafiosos de Cali hasta las autoridades colombianas.

1993 A pesar de agravarse el conflicto con la guerrilla, la atención de la opinión pública se concentra en la caza de Escobar, que concluye con su muerte el 2 de diciembre en Medellín
1994 Antes incluso de ser elegido presidente, el liberal Ernesto Samper es acusado de haber recibido del cartel de Cali el dinero para su campaña. No obstante sus promesas de renovación, Samper prosigue la política de los gobiernos precedentes. Su debilidad lo induce a obedecer a todos los poderes fuertes, desde el económico y militar hasta Estados Unidos.

1995 Los paramilitares intensifican sus masacres contra las comunidades acusadas de colaborar con los guerrilleros.

1996 Los cocaleros bloquean durante meses las regiones del sur para protestar contra las fumigaciones aéreas de los cultivos ilegales. Los paras crean las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

1997 Como resultado de varias derrotas sufridas a manos de las FARC, de las denuncias de relación con los paramilitares, y metido en polémica con el presidente Samper, dimite el comandante de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya.

1998 Reforzado por la benevolencia de las FARC, resulta elegido presidente el conservador Andrés Pastrana, hijo del ex presidente Misael Pastrana que, de acuerdo con los rebeldes, establece una vasta zona desmilitarizada en la región del Caguán, en la que proceden a la negociación de paz.

1999 Los paramilitares responden con masacres a la negociación del Caguán, que prosigue con mucha dificultad. El gobierno anuncia la puesta en marcha del Plan Colombia, financiado en gran parte por Estados Unidos, y dirigido formalmente a combatir el fenómeno del narcotráfico y a reforzar el Estado colombiano.

2000 Mientras se estanca, entre acusaciones recíprocas, la negociación en el Caguán entre el gobierno y las FARC, los paramilitares avanzan por las zonas controladas por el ELN, y aumentan las iniciativas para su legalización en conversaciones secretas con las autoridades colombianas y norteamericanas.

2001 Los paramilitares consiguen bloquear, con el apoyo de los militares, la negociación con el ELN, mientras que la del Caguán sigue entre incidentes, acuerdos parciales e intercambio de prisioneros. Después del 11 de septiembre crece la tensión en torno a la región desmilitarizada.

2002 Pastrana suspende en febrero la negociación y el Caguán es invadido por el ejército. El enfrentamiento favorece la victoria del partidario de la línea dura, Álvaro Uribe Vélez. Se hacen públicas las conversaciones entre el nuevo gobierno y los paramilitares.

2003 El conflicto tiende a agravarse todavía más con la implicación cada vez más directa de Estados Unidos. La mayoría de los paramilitares entra en un proceso de legalización.

2004 Reforzado por el apoyo estadounidense, el gobierno Uribe sigue con sus decisiones autoritarias y su política neoliberal. Desaparece Carlos Castaño, sustituido por Salvatore Mancuso
2005 Mientras las Farc parecen pasar del repliegue táctico a una ofensiva militar para demostrar el fracaso de la estrategia de “seguridad democrática” de Uribe, la legalización de los paras se ve como una cubierta demasiado pequeña para satisfacer a Mancuso y los suyos sin escandalizar excesivamente a la diplomacia internacional.

grupos guerrilleros en colombia

1964 Surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la unión entre varias guerrillas liberales y el Partido Comunista de Colombia como reacción a las operaciones del ejército colombiano contra los campesinos que habían ocupado tierras durante la época de la violencia.
1965 7 de enero. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) realiza la primera toma armada de una población y lanza allí “El Manifiesto de Simacota” en el cual proclama: “Pero nuestro pueblo, que ha sentido sobre sus espaldas el látigo de la explotación, de la miseria, de la violencia, se levanta y está en pie de lucha. La lucha revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual gobierno de engaño y de violencia. Nosotros, que agrupamos el Ejército de Liberación Nacional, nos encontramos luchando por la liberación de Colombia. El pueblo liberal y el pueblo conservador harán frente juntos para derrotar a la oligarquía de ambos partidos”.
Camilo Torres Restrepo crea el Frente Unido del Pueblo y posteriormente, ante los hostigamientos y amenazas, se integra a las filas del ELN.
1966 15 de febrero. ELN: Camilo Torres Restrepo “el cura guerrillero” muere en combate en Patio Cemento municipio de San Vicente de Chucurí (Santander).
1967 17 de Diciembre. Surge el Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencia del Partido Comunista de Colombia que conforma a su vez el Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) para la toma del poder a través de la lucha armada revolucionaria. Su área de influencia está en el Urabá antioqueño.
1974 Enero. Irrumpe el Movimiento 19 de Abril M-19. Toma la espada de Bolívar de la Quinta que lleva su nombre en pleno centro de Bogotá y lanza la proclama: “Bolívar, tu espada en pie de lucha”
1976 EPL: las operaciones militares del ejército colombiano lo reducen a un pequeño grupo al mando de Francisco Caraballo.
1979 M-19: 1º de enero. Robo de 5000 armas del Cantón Norte en Bogotá. El ejército lanza ofensiva de detenciones, allanamientos masivos y prácticas sistemáticas de tortura. Detenidos cientos de sus dirigentes.
M-19: 27 de febrero. Toma de la Embajada de la República Dominicana.
En el departamento del Cauca, nace el Comando Quintín Lame, organización guerrillera de autodefensa indígena.
1981 M-19: secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa Vásquez, miembros del Cartel de Medellín.
Los carteles del narcotráfico crean el MAS (Muerte a Secuestradores) con el fin de rescatar a Marta Nieves Ochoa.
FARC: modifican su estrategia hacia la búsqueda de una salida negociada al conflicto.
1982 Surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fruto de la evolución de una tendencia escindida del Partido Comunista Marxista Leninista.
Cientos de detenidos del M 19 recobran su libertad gracias a la amnistía otorgada por Turbay Ayala.
1983 M-19: 28 de abril. Muere Jaime Bateman Cayón, comandante máximo en accidente aéreo.
M-19: Belisario Betancur se reúne en España con Alvaro Fayad e Iván Marino Ospina, líderes del M-19.
1984 FARC: entran en negociaciones (otras fuerzas hacen lo mismo por separado) con el gobierno de Belisario Betancourt.
Acuerdos de Cese al Fuego y Diálogo Nacional suscritos entre Belisario Betancur y M-19, EPL. El ELN, PRT y Quintín Lame rechazan la propuesta por considerar que lleva a la desmovilización popular.
M-19: El ejército ataca al M-19 en tregua en Yarumales. Combates duran 26 días.
1985 FARC: Surge la Unión Patriótica como movimiento de masas.
Se conforma la Coordinadora Nacional Guerrillera de la cual hacen parte el M-19, el Frente Ricardo Franco y el Movimiento Quintín Lame, entre otros.
M-19: 6 de noviembre. Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, toma del Palacio de Justicia con el fin de llevar a juicio a Belisario Betancur por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz.
EPL: El 20 de noviembre es asesinado en Bogotá OSCAR WILLIAM CALVO, vocero político del EPL en las negociaciones de Paz.
1986 Unión Patriótica logra 350.000 votos en las elecciones presidenciales.
1987 Se conforma la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar integrada por el M-19, ELN, EPL, FARC, PRT, Quintín Lame
Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP es asesinado por fuerzas paramilitares y narcotraficantes.
1989 M 19: 2 de noviembre. Se suscribe el Pacto político por la paz y la democracia.
1990 FARC y Partido Comunista de Colombia se distancian como consecuencia del análisis que hacen de la realidad colombiana.
M-19: 8 de marzo. Dejación de armas
Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la UP es asesinado.
M-19: 26 de abril, Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial es asesinado en un avión comercial en pleno vuelo.

cronología del paramilitarismo

1993: Muerte de Pablo Escobar
1994: El gobierno de Cesar Gaviria, por el decreto 3.567, promueve la creación de las CONVIVIR.
1997, Septiembre: El Observatorio geopolítico de drogas considera que la mayoría de la cocaína que llega a los puertos españoles, holandeses y belgas proviene de costas bajos control de las AUC.
1999 Enero: El presidente Pastrana acepta dialogar con las Farc, pero no hace nada para desmovilizar a los paramilitares.
2001, 17 de marzo: El jesuita Javier Giraldo explica en una conferencia en Chicago que las AUC “no son un tercero protagonista del conflicto” sino “el brazo ilegal del estado” que existe desde varias décadas.
2002, Agosto: Alvaro Uribe es elegido presidente; en el mismo año, las AUC imponen sus candidatos en 223 municipios y en la mayoría de departamentos.
2002, 27 de noviembre: Diálogo de paz con las AUC, cese de fuego el primero de diciembre.
2003, 15 de julio: Se firma el Pacto de Ralito que incluye un alto de fuego unilateral y la desmovilización progresiva de 10.000 a 20.000 paramilitares. A finales del 2006, revelaciones de la prensa y investigaciones de la Justicia indican que los jefes de las AUC debatían en interno para saber si tenían que formar un partido único dentro del cual los paramilitares desmovilizados participarían a las elecciones del 2006. Finalmente deciden apoyar la reelección de Uribe esperando que el nuevo congreso permita modificar la “Ley de Justicia y Paz”.
2005, 15 de junio: Primera desmovilización
2005, 20 de junio: Aprobación por el Congreso de la “Ley de Justicia y Paz”
2006 final de año: Estalla el escándalo de la parapolitica, las primeras revelaciones demuestran que los jefes paramilitares y líderes políticos se reunían para planificar la reelección de Uribe
2006 Diciembre: El jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, es arrestado. Será extraditado a los Estados-Unidos el 8 mayo.
2007, 19 de febrero: La Corte Suprema de Justicia ordena el arresto de seis congresistas ligados a los paramilitares, entre ellos Álvaro Araújo Castro, hermano de la Cancillera y ministra de relaciones exteriores, Maria Consuelo Araújo, la cual renuncia a sus cargos pocos días despúes.
2007, 22 de febrero: Arrestación de Jorge Noguera Cotes, jefe de campaña de Uribe y luego, director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
2007, 16 de marzo: El fiscal general de Washington negocia un acuerdo con la multinacional bananera Chiquita Brands, acusada de financiar a grupos paramilitares. Chiquita es condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.
2007, 5 de mayo: El director de la policía nacional, general Jorge Daniel Castro y el director del servicio de información renuncian a petición de Uribe, en el marco del escándalo de las chuzadas (escucha y espionaje) a periodistas, jueces y miembros de la oposición.
2007, 6 de julio 6: Nueva arrestación de Jorge Noguera Cotes, quien había sido liberado el 23 de marzo 2007 por un vicio de forma procesal.
2007, desde julio: 44 congresistas son investigados y 16 están arrestados, particularmente por implicación en la creación y apoyo a las bandas paramilitares.
2008, 13 de mayo: Extradición de 14 jefes de las AUC hacía los Estados Unidos.
2008-2009: Se acrecientan las amenazas de las “Aguilas Negras” en contra de organizaciones populares, decretan toques de queda y se disputan al precio de decenas de muertos, el control de barrios y el manejo de las actividades delictivas.